El Puerto de Chancay en Perú: Impulso económico y desafíos en la gestión de los derechos de propiedad industrial
Guillermo Melgarejo Zorrilla, del Estudio Colmenares & Asociados SAC, analiza las implicancias económicas y normativas de la posible transformación del Perú en el principal hub portuario de América Latina, y cómo ello constituye un desafío en la gestión de los derechos de propiedad industrial.
El 4 de septiembre de 2023, la atención mediática en el Perú se centró en la llegada de la embarcación más grande registrada en sus costas: el CMA-CGM Alexander Von Humboldt, con 400 metros de eslora y una capacidad de carga de 186 mil toneladas, equivalente a 16,000 TEUs (contenedores de 20 pies). Este evento marcó un hito trascendental en la historia portuaria del país.
Desde entonces, se han multiplicado las noticias sobre proyectos de infraestructura portuaria, atrayendo la atención no solo de países de la región, sino también de la comunidad internacional. La actual construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, ubicado a 75 km al norte de Lima, tiene como objetivo posicionar al Perú como el principal hub logístico y portuario de América Latina. Este terminal, aún en desarrollo, tendrá la capacidad de facilitar la distribución de carga proveniente de Asia hacia países como Chile, Ecuador y Colombia, dinamizando así el comercio exterior.
Según estadísticas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú, la inversión proyectada para poner en funcionamiento el Terminal Portuario de Chancay se estima en US$ 3,600 millones. Su inauguración está prevista para noviembre de 2024 y se ha confirmado la presencia del presidente chino Xi Jinping, quien también asistirá a la Cumbre APEC que se realizará en Perú.
Aunque se prevé un crecimiento positivo en el sector portuario y comercial del Perú, es necesario reconocer que, paralelamente al aumento de la actividad económica impulsada por el comercio y al posible incremento de importaciones y exportaciones, también se intensificarán fenómenos que podrían tener repercusiones negativas en el interés colectivo, los consumidores y los titulares de derechos. En particular, la infracción de derechos de propiedad industrial surge como una preocupación que podría agravarse si no se aborda mediante políticas estatales y leyes adecuadas, coherentes, prácticas y eficientes en su aplicación.
En el Perú existen diversas normas cuyo objetivo es la protección de los derechos de propiedad industrial. En relación con los procesos operativos de despacho aduanero, se encuentra vigente el Decreto Legislativo N.° 1092, Ley de Medidas en Frontera y su reglamento, cuya finalidad es la protección de los derechos de autor, conexos y de marcas. Esta normativa permite suspender el despacho de mercancías destinadas a los regímenes de importación, exportación o tránsito aduanero cuando se presume su origen pirateado o falsificado. La autoridad aduanera ejercerá eficazmente su poder de control, con base en la información que el titular del derecho debe registrar previamente en el registro voluntario, una plataforma de datos desde la cual se puede identificar la existencia del derecho infringido y emitir alertas oportunas para que los titulares o sus representantes tomen las acciones legales correspondientes.
A su vez, el Decreto Legislativo N.° 1607, publicado en diciembre de 2023, introdujo modificaciones relevantes a la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Esta modificación amplió el ámbito de acción de la ley para incluir los delitos aduaneros y los delitos contra los derechos intelectuales. Ahora, las organizaciones criminales dedicadas al contrabando, subvaluación de mercancías y delitos de propiedad intelectual pueden ser investigadas y procesadas bajo estas disposiciones. Esta modificación no reduce las funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual, la cual tradicionalmente se encarga de estos casos, sino que faculta también la intervención de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. Esta última entidad cuenta actualmente con mayores recursos económicos y personal especializado, lo que fortalece la capacidad del Estado para investigar y procesar delitos complejos en materia aduanera y de propiedad intelectual. Este cambio refleja un enfoque más integral y eficaz en la lucha contra actividades delictivas de alta complejidad.
Asimismo, desde el 5 de julio de 2023, el Perú cuenta con una Ley de Inteligencia Artificial (Ley N.° 31814), lo cual marca un hito importante en sus esfuerzos por promover el desarrollo económico y social mediante la mejora de los procedimientos en los servicios públicos. Esta legislación busca aprovechar las capacidades de la IA para optimizar la eficiencia y eficacia en diversas áreas, siendo un claro ejemplo la administración aduanera pública. Cabe señalar que la apuesta por enfoques tecnológicos en la gestión aduanera no es reciente, pues ya en 2021 se había iniciado la implementación del programa Fronteras Inteligentes, que incorpora el uso de tecnologías emergentes para mejorar las operaciones de control aduanero. Por tanto, la legislación sobre inteligencia artificial se suma y refuerza las iniciativas preexistentes, consolidando el compromiso del país con la modernización de sus procesos para fortalecer el sector aduanero.
Puede considerarse entonces que la estructura legislativa vigente en el Perú estaría en condiciones de garantizar el respeto a los derechos de propiedad industrial ante el potencial crecimiento del sector portuario y el aumento sustancial del comercio exterior. Sin embargo, paralelamente a los esfuerzos de las autoridades, también surgen actores económicos que, con un alto grado de sofisticación, infringen derechos de propiedad industrial desplegando estrategias cada vez más elaboradas y logrando evadir el control aduanero. Frente a este escenario, se requiere una evaluación constante de la legislación y la implementación de medidas proactivas. Asimismo, resulta imperativo fortalecer los mecanismos de control y vigilancia aduanera, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles para contrarrestar eficazmente las infracciones de los derechos de propiedad industrial.
En conclusión, el perfeccionamiento continuo de la estructura legislativa y la aplicación de medidas innovadoras resultan fundamentales para afrontar los desafíos en constante evolución en el entorno de los procesos aduaneros. El notable crecimiento de las actividades de comercio exterior exige la necesidad urgente de adaptar y fortalecer la legislación, garantizando así un marco jurídico que promueva la adecuada protección de los derechos de propiedad industrial en un contexto dinámico y cambiante.
