Breve introducción

No sorprende que la gastronomía peruana brille a nivel internacional, como lo confirma el reciente reconocimiento de “Maido” como el mejor restaurante peruano del mundo en 2025. En este contexto, las ETG (Especialidades Tradicionales Garantizadas) son un instrumento clave para preservar y mantener recetas auténticas y fortalecer el legado culinario del Perú, dentro y fuera del país.

¿Qué son las ETG? Ejemplos que destacan la tradición culinaria en nuestro país:

Son preparaciones alimentarias tradicionales, elaboradas siguiendo recetas, ingredientes o métodos que se han conservado a lo largo del tiempo. A diferencia de las
IG (indicaciones geográficas), estas especialidades no están asociadas a una región geográfica específica, como ocurre en el caso del pisco (Perú), el tequila (México) o el champagne (Francia), sino que se reconocen por sus características propias basadas en técnicas de elaboración y/o ingredientes tradicionales, aunque se elaboren en diferentes lugares.

A diferencia de las IG, donde el Estado peruano es el titular, o de las marcas y patentes que otorgan derechos exclusivos, las ETG constituyen un reconocimiento legal y colectivo. Certifican que un producto se elabora conforme a una receta tradicional oficialmente reconocida. Es decir, cualquier persona que cumpla con el pliego técnico; ingredientes, proceso y métodos tradicionales, puede utilizar la ETG, ya que lo que se protege es el nombre tradicional y el modo de preparación, no la exclusividad comercial.

La autoridad administrativa competente que gestiona la protección de las ETG en el Perú es el INDECOPI.

A modo de ejemplo, en nuestro país han sido reconocidas oficialmente dos especialidades como ETG, las cuales poseen dicha distinción: el pan de anís de Concepción (2023) y la papa a la huancaína (2025). Curiosamente, ambas especialidades tienen su origen en el departamento de Junín, lo que refleja la rica tradición cultural y gastronómica de esta región, y su importante aporte al patrimonio culinario del Perú.

A nivel de la Comunidad Andina, un ejemplo a considerar es el caso del Bizcocho de Cayambe en Ecuador, un producto emblemático que ha sido reconocido como una expresión representativa de la tradición gastronómica local.

Marco normativo de la ETG:

Las ETG se encuentran previstas en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1075, que complementa lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre propiedad industrial. Su incorporación oficial se concretó mediante el Decreto Legislativo Nº 1397, publicado el 7 de septiembre de 2018.

Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 170-2021-PCM modificó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1075 (aprobado por Decreto Supremo Nº        059-2017-PCM), adecuando su contenido a esta nueva figura, incluyendo cambios al artículo 1 del reglamento.

Aunque se trata de una figura relativamente reciente, las ETG ya forman parte del sistema de protección de la Propiedad Industrial en el Perú y, por tanto, gozan de protección al igual que las marcas, las patentes, los diseños industriales y demás figuras similares.

¿Qué ventajas ofrece el reconocimiento de una ETG?

La figura mencionada ofrece diversas ventajas, entre las cuales pasamos a señalar las siguientes:

• Fomenta el turismo gastronómico.
• Estímulo a la economía rural y regional.
• Protege recetas y métodos tradicionales.
• Aumenta su valor comercial en el mercado.
• Valor agregado para productores y cocineros.
• Facilita el acceso a mercados internacionales.
• Beneficia a productores y comunidades involucradas.
• Protección del patrimonio culinario a través de la propiedad industrial.
• Reconoce oficialmente la especialidad, acreditando así su autenticidad.
• Evita el uso indebido del nombre de la especialidad y la confusión o error del público consumidor.

Retos y actores clave

Lograr el reconocimiento oficial de una ETG implica ciertos desafíos. Uno de los principales es la dificultad de establecer una receta estandarizada, especialmente cuando existen diversas variantes regionales o locales del producto. A ello se suma el desconocimiento generalizado sobre esta figura por parte de muchos productores y del público en general.

El proceso puede ser impulsado por asociaciones, gobiernos locales, colectivos o incluso productores individuales, siempre que cuenten con el acompañamiento técnico adecuado, por ejemplo, de especialistas en propiedad intelectual, para cumplir con los requisitos establecidos por INDECOPI.

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En Colmenares & Asociados estamos convencidos de que la propiedad intelectual es una herramienta indispensable para el progreso económico, social y cultural. Brinda seguridad jurídica, fortalece el valor de los activos intangibles y abre nuevas oportunidades de crecimiento para personas, comunidades, emprendedores, asociaciones culturales y organizaciones comprometidas con el arte y la innovación.

En un contexto marcado por desafíos financieros y vertiginosos avances tecnológicos, ratificamos nuestra vocación de servicio hacia aquellos sectores que enfrentan dificultades en el manejo y la protección de sus creaciones. Frente a esta realidad, el Área Pro Bono de nuestra firma acerca el derecho a quienes transforman sus entornos con sus trabajos creativos.

Con más de 120 años de experiencia en la práctica de la Propiedad Intelectual, estamos comprometidos en proporcionar asesoría profesional de calidad. Es así que, durante el primer año de funcionamiento, el Área Pro Bono se ha trazado como meta brindar un mínimo de 50 horas de asesoría jurídica, ampliando así las alternativas para que los beneficiarios de estos servicios puedan llevar sus proyectos hacia nuevos espacios de creación, identidad y progreso, fortaleciendo el impacto transformador de sus iniciativas en sus comunidades.

Esta labor se lleva adelante bajo el liderazgo de nuestro Comité Pro Bono, conformado por Luis Gayoso Frayssinet, Guillermo Melgarejo Zorrilla, Diego Pozo Cordova y Manuel Fernández-Stoll Zar, quienes guían esta actuación con el más alto estándar profesional. Un ejemplo de dicho compromiso es la capacitación brindada a la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo, una comunidad de extraordinarios artistas, sobre el uso de herramientas legales para proteger y dar valor a sus expresiones culturales, así como el acompañamiento en el registro de la obra titulada Diseños de nuestro río, del reconocido artista plástico Harry Pinedo.

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Guillermo Melgarejo Zorrilla, del Estudio Colmenares & Asociados SAC, analiza las implicancias económicas y normativas de la posible transformación del Perú en el principal hub portuario de América Latina, y cómo ello constituye un desafío en la gestión de los derechos de propiedad industrial.

El 4 de septiembre de 2023, la atención mediática en el Perú se centró en la llegada de la embarcación más grande registrada en sus costas: el CMA-CGM Alexander Von Humboldt, con 400 metros de eslora y una capacidad de carga de 186 mil toneladas, equivalente a 16,000 TEUs (contenedores de 20 pies). Este evento marcó un hito trascendental en la historia portuaria del país.

Desde entonces, se han multiplicado las noticias sobre proyectos de infraestructura portuaria, atrayendo la atención no solo de países de la región, sino también de la comunidad internacional. La actual construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, ubicado a 75 km al norte de Lima, tiene como objetivo posicionar al Perú como el principal hub logístico y portuario de América Latina. Este terminal, aún en desarrollo, tendrá la capacidad de facilitar la distribución de carga proveniente de Asia hacia países como Chile, Ecuador y Colombia, dinamizando así el comercio exterior.

Según estadísticas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú, la inversión proyectada para poner en funcionamiento el Terminal Portuario de Chancay se estima en US$ 3,600 millones. Su inauguración está prevista para noviembre de 2024 y se ha confirmado la presencia del presidente chino Xi Jinping, quien también asistirá a la Cumbre APEC que se realizará en Perú.

Aunque se prevé un crecimiento positivo en el sector portuario y comercial del Perú, es necesario reconocer que, paralelamente al aumento de la actividad económica impulsada por el comercio y al posible incremento de importaciones y exportaciones, también se intensificarán fenómenos que podrían tener repercusiones negativas en el interés colectivo, los consumidores y los titulares de derechos. En particular, la infracción de derechos de propiedad industrial surge como una preocupación que podría agravarse si no se aborda mediante políticas estatales y leyes adecuadas, coherentes, prácticas y eficientes en su aplicación.

En el Perú existen diversas normas cuyo objetivo es la protección de los derechos de propiedad industrial. En relación con los procesos operativos de despacho aduanero, se encuentra vigente el Decreto Legislativo N.° 1092, Ley de Medidas en Frontera y su reglamento, cuya finalidad es la protección de los derechos de autor, conexos y de marcas. Esta normativa permite suspender el despacho de mercancías destinadas a los regímenes de importación, exportación o tránsito aduanero cuando se presume su origen pirateado o falsificado. La autoridad aduanera ejercerá eficazmente su poder de control, con base en la información que el titular del derecho debe registrar previamente en el registro voluntario, una plataforma de datos desde la cual se puede identificar la existencia del derecho infringido y emitir alertas oportunas para que los titulares o sus representantes tomen las acciones legales correspondientes.

A su vez, el Decreto Legislativo N.° 1607, publicado en diciembre de 2023, introdujo modificaciones relevantes a la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Esta modificación amplió el ámbito de acción de la ley para incluir los delitos aduaneros y los delitos contra los derechos intelectuales. Ahora, las organizaciones criminales dedicadas al contrabando, subvaluación de mercancías y delitos de propiedad intelectual pueden ser investigadas y procesadas bajo estas disposiciones. Esta modificación no reduce las funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual, la cual tradicionalmente se encarga de estos casos, sino que faculta también la intervención de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. Esta última entidad cuenta actualmente con mayores recursos económicos y personal especializado, lo que fortalece la capacidad del Estado para investigar y procesar delitos complejos en materia aduanera y de propiedad intelectual. Este cambio refleja un enfoque más integral y eficaz en la lucha contra actividades delictivas de alta complejidad.

Asimismo, desde el 5 de julio de 2023, el Perú cuenta con una Ley de Inteligencia Artificial (Ley N.° 31814), lo cual marca un hito importante en sus esfuerzos por promover el desarrollo económico y social mediante la mejora de los procedimientos en los servicios públicos. Esta legislación busca aprovechar las capacidades de la IA para optimizar la eficiencia y eficacia en diversas áreas, siendo un claro ejemplo la administración aduanera pública. Cabe señalar que la apuesta por enfoques tecnológicos en la gestión aduanera no es reciente, pues ya en 2021 se había iniciado la implementación del programa Fronteras Inteligentes, que incorpora el uso de tecnologías emergentes para mejorar las operaciones de control aduanero. Por tanto, la legislación sobre inteligencia artificial se suma y refuerza las iniciativas preexistentes, consolidando el compromiso del país con la modernización de sus procesos para fortalecer el sector aduanero.

Puede considerarse entonces que la estructura legislativa vigente en el Perú estaría en condiciones de garantizar el respeto a los derechos de propiedad industrial ante el potencial crecimiento del sector portuario y el aumento sustancial del comercio exterior. Sin embargo, paralelamente a los esfuerzos de las autoridades, también surgen actores económicos que, con un alto grado de sofisticación, infringen derechos de propiedad industrial desplegando estrategias cada vez más elaboradas y logrando evadir el control aduanero. Frente a este escenario, se requiere una evaluación constante de la legislación y la implementación de medidas proactivas. Asimismo, resulta imperativo fortalecer los mecanismos de control y vigilancia aduanera, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles para contrarrestar eficazmente las infracciones de los derechos de propiedad industrial.

En conclusión, el perfeccionamiento continuo de la estructura legislativa y la aplicación de medidas innovadoras resultan fundamentales para afrontar los desafíos en constante evolución en el entorno de los procesos aduaneros. El notable crecimiento de las actividades de comercio exterior exige la necesidad urgente de adaptar y fortalecer la legislación, garantizando así un marco jurídico que promueva la adecuada protección de los derechos de propiedad industrial en un contexto dinámico y cambiante.

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